La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y de empresarios vinculados con contratos del organismo.
La medida forma parte de una investigación sobre posibles irregularidades financieras relacionadas con proveedores electorales.
De acuerdo con información publicada por El Universal, la UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas. En total, son 40 personas y compañías relacionadas con el sector electoral.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la decisión se tomó tras detectar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo.
La dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los movimientos de dinero y determine si existen responsabilidades.
Investigan contratos y movimientos financieros
Entre las personas incluidas en la investigación se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados con siete compañías que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.
Las autoridades investigan posibles irregularidades en licitaciones, transferencias de recursos entre empresas y el uso de compañías presuntamente relacionadas con operaciones de facturación irregular.
La investigación también contempla posibles conflictos de interés en las contrataciones realizadas durante la administración de Taddei, quien encabezó el INE desde abril de 2023.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que revisará las contrataciones y adquisiciones del organismo, así como las operaciones de funcionarios, empresas y proveedores relacionados.
INE también reporta renuncias
El caso se desarrolla en medio de cambios en la estructura directiva del INE.
Según la información publicada, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta interina, informó que el organismo presentará ante la FGR las irregularidades detectadas durante la administración de Taddei.
El instituto reportó 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas correspondientes a integrantes de la oficina de la exconsejera presidenta.
La UIF aclaró que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva y no representa una declaración definitiva de culpabilidad.
Las investigaciones deberán establecer si existieron delitos, quiénes serían responsables y si los recursos involucrados tienen un origen ilícito.
El caso mantiene bajo revisión las contrataciones del INE y la actuación de sus funcionarios. Los resultados de las indagatorias serán clave para esclarecer el manejo de recursos públicos y fortalecer la confianza en las instituciones electorales.
