El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) analiza en su boletín, El fracking y la inversión pública en México. Algunas consideraciones sobre la estrategia energética, implicaciones fiscales y regulatorias de la política energética actual.
El gas natural cubre 45.5% del suministro total de energía del país. No obstante, el CIEP advierte que la brecha entre la producción y el consumo interno se ha agravado de forma sostenida entre 2018 y 2025. En este periodo, la producción de Pemex cayó 16.0%, mientras que el consumo creció 22.2% y las importaciones aumentaron 43.0%, procedentes principalmente de Texas.
Ante esta situación de vulnerabilidad, el Gobierno Federal presentó en 2026 la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, que contempla explotar yacimientos no convencionales (fracking); sin embargo, hace falta fortalecer el marco regulatorio, presupuestal y técnico para garantizar su viabilidad, lo cual podría tener implicaciones directas en las finanzas públicas y la política del gasto.
El déficit comercial de gas de México es de −2,569 Petajoules, cifra superior al de gasolinas y diésel combinados; asimismo, la inversión de Pemex en exploración y producción alcanzó en 2025 su nivel más bajo del periodo: 29 mil 318 mdp. Se requiere fortalecer la inversión para lograr los objetivos declarados de soberanía energética y reducir las vulnerabilidades relacionadas con los precios internacionales, eventos climáticos extremos y del contexto geopolítico internacional.
Para que la estrategia energética sea evaluable y sostenible en términos fiscales, el CIEP puntualiza que se requiere fortalecer la normatividad específica para el fracking, así como la relacionada con criterios ambientales; garantizar un flujo de inversión sostenido, evaluar esquemas de participación privada.
El desarrollo de yacimientos no convencionales en el país, además de requerir una evaluación en términos económicos, enfrenta desafíos relacionados con los derechos de las comunidades originarias y la viabilidad ambiental de los proyectos, así como consultas previas, libres e informadas con quienes viven en las zonas de influencia, considerando los derechos humanos y la participación social. Su ausencia podría comprometer la viabilidad económica y operativa de cualquier proyecto.
