Apoyos fiscales y patrimoniales a Pemex no cumplen criterios de transparencia

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Pemex ha recibido más de 2.8 billones de pesos en apoyos fiscales y patrimoniales desde 2013. Al ser consideradas “inversiones financieras”, las aportaciones patrimoniales están exentas de una evaluación costo-beneficio.

Desde 2013, el Gobierno Federal ha destinado más de 2.8 billones de pesos en apoyos fiscales y patrimoniales de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este flujo constante de recursos ha buscado fortalecer a la Empresa Productiva, ahora Empresa Pública, pero también plantea retos en transparencia, sostenibilidad fiscal y gobernanza.

Ante este panorama, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó los procesos administrativos que han facilitado tales apoyos.

En el documento “Pemex, apoyos fiscales y patrimoniales. Actores y mecanismos”, el CIEP refiere que la clasificación de las aportaciones patrimoniales como “inversiones financieras” ha permitido que estén exentas de los requisitos de transparencia que se aplican a los proyectos de infraestructura. Esto genera duda sobre la eficacia y efectividad en el uso de los recursos públicos.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de Pemex, los apoyos se han enmarcado con la condición impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la empresa pública mantenga un endeudamiento moderado, y en la medida de lo posible, logre una reducción en el saldo de la deuda pública. Sin embargo, esta medida plantea cuestionamientos sobre el alcance y control de dichas transferencias en términos de eficiencia y responsabilidad fiscal.

Además, a través de las empresas subsidiarias y filiales, como Pemex Transformación Industrial y PTI-Infraestructura de Desarrollo, se han financiado proyectos estratégicos como la Refinería Olmeca en Dos Bocas. Sin embargo, esta estructura ha limitado la rendición de cuentas. 

La dependencia de la empresa a dichos apoyos podría comprometer otros rubros prioritarios del gasto público. Ante las recientes propuestas de cambios en las leyes secundarias del sector energético, existe una oportunidad única para revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión, asegurando que los apoyos contribuyan efectivamente a la estabilidad operativa y financiera de Pemex sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Además de fortalecer la transparencia y la supervisión en el otorgamiento de apoyos a Pemex, es necesario promover una mayor evaluación de impacto y eficiencia en los procesos administrativos. Urge analizar alternativas para que la empresa cuente con una estructura financiera más sostenible y menos dependiente del presupuesto público.

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