Durante años, el Tecnológico de Acapulco fue identificado más por sus conflictos internos que por su vida académica. No se trataba únicamente de una percepción externa exagerada, sino del reflejo de una institución donde las disputas constantes y ciertos niveles de opacidad terminaron por volverse parte del día a día.
En ese escenario, la llegada de Salvador Herrera Soriano a la dirección en 2019 marcó un punto de quiebre que difícilmente podía darse sin tensiones. Modificar estructuras que llevaban años operando bajo dinámicas poco transparentes no es un proceso que genere consensos inmediatos; por el contrario, suele provocar resistencias, especialmente cuando se tocan intereses arraigados.
A partir de entonces, el conflicto con un sector del sindicalismo dejó de ser sólo una confrontación laboral para evidenciar algo más profundo: una disputa por el control de las decisiones dentro de la institución. El tema de las plazas docentes sintetiza bien ese momento. La apertura de convocatorias y la intención de establecer criterios más claros para su asignación representaron un intento por dejar atrás prácticas discrecionales y avanzar hacia esquemas más transparentes.
Esto no significa que el cambio haya sido absoluto ni que el conflicto haya desaparecido. Las tensiones continuaron, las acusaciones de uno y otro lado persistieron y el desgaste institucional fue evidente. Sin embargo, también es cierto que cuando se intenta desmontar un sistema donde la opacidad ha sido funcional durante años, el conflicto suele ser parte del proceso.
En ese sentido, la gestión de Herrera ha tenido un rasgo particular: no se limitó a administrar la inercia, sino que optó por confrontarla. Y ese tipo de decisiones, en cualquier institución pública, rara vez resultan cómodas. No se trata de agradar a todos, sino de redefinir reglas que durante mucho tiempo operaron sin mayor cuestionamiento.
Lo interesante es que este proceso también ha tenido un efecto hacia afuera. El Tecnológico de Acapulco ha comenzado a reposicionarse dentro del sistema nacional, no sólo como un plantel históricamente conflictivo, sino como una institución capaz de organizar y sostener eventos de gran escala, lo que implica un nivel de confianza institucional que antes parecía lejano.
A ello se suma la capacidad de mantener su funcionamiento en medio de situaciones adversas, como el impacto del huracán Otis. Más allá de las dificultades, el campus logró sostener su actividad académica y proyectar continuidad, lo que también habla de una conducción que busca estabilidad más allá del conflicto.
Quizá el mayor cambio no esté en haber erradicado por completo los problemas —algo que ninguna institución logra de manera inmediata—, sino en haber alterado una lógica donde la opacidad y las inercias parecían inevitables. Haber introducido la idea de que las decisiones pueden someterse a reglas distintas, más abiertas y visibles.
Transformar estructuras profundamente arraigadas nunca es un proceso terso. Implica tensiones, desgaste y, muchas veces, confrontación. Pero también abre la posibilidad de replantear el funcionamiento de las instituciones desde otros parámetros.
Lo que ocurre en el Tecnológico de Acapulco, en ese sentido, trasciende su propio contexto. No como un modelo acabado ni como una fórmula replicable en automático, pero sí como una referencia de que es posible cuestionar dinámicas que durante años se asumieron como normales. En un entorno donde muchas instituciones siguen atrapadas entre intereses internos y prácticas poco transparentes, experiencias como esta invitan a repensar la manera en que se ejerce la conducción.
Al final, los cambios que realmente mueven estructuras no suelen llegar acompañados de consenso inmediato. Llegan con ruido, con resistencias y con incomodidad. Pero en más de una ocasión, ese ruido es precisamente la señal de que algo distinto está empezando a ocurrir… y de que, quizá, ese tipo de transformaciones también hacen falta en otros espacios de Guerrero y del país.
Por: Raúl Gatica
