La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de apoyar a partidos políticos y aspirantes independientes en la detección de posibles vínculos con actividades delictivas antes de los procesos de registro.
La reforma fue avalada en lo general y en lo particular con 271 votos a favor y 92 en contra, en el marco de una extensa jornada legislativa que se prolongó por más de 32 horas y en la que también se discutieron modificaciones relacionadas con la reforma judicial y la regulación de la intervención extranjera en procesos electorales.
De acuerdo con el dictamen, la nueva comisión estará integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. Su función será recibir, de manera voluntaria, los listados de personas que pretendan ser postuladas a cargos de elección popular, tanto federales como locales, para que se realicen análisis de riesgo sobre sus perfiles.
Las evaluaciones se llevarán a cabo en coordinación con instancias federales como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instituciones que determinarán si existen elementos que permitan presumir una posible relación con actividades ilícitas.
La reforma establece que la participación será voluntaria para partidos políticos y candidaturas independientes, y que las autoridades de seguridad y procuración de justicia definirán la metodología y los criterios para la emisión de alertas o evaluaciones de riesgo.
El debate ocurre en un contexto marcado por el combate a la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno. Apenas esta semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la actual administración federal han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actividades criminales.
La propuesta ha generado posiciones encontradas. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó preocupación al considerar que la medida podría colocar al organismo electoral en el centro de disputas políticas y comprometer su papel como autoridad neutral. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la comisión no tendrá facultades para aprobar o rechazar candidaturas, sino únicamente para canalizar solicitudes de verificación hacia las instancias competentes.
El gobierno federal sostiene que el mecanismo busca fortalecer la transparencia y brindar a los partidos herramientas adicionales para evitar la postulación de perfiles relacionados con grupos delictivos, mientras que sectores de oposición y autoridades electorales mantienen reservas sobre los alcances y responsabilidades que asumiría el INE.
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