Las fiscalías de México mantienen un rezago en el uso de herramientas tecnológicas para investigar delitos y construir casos con pruebas suficientes para llegar a juicio, de acuerdo con el informe Justicia Digital en Fiscalías, 2025, elaborado por México Evalúa.
El estudio identifica que, pese a que la reforma al sistema de justicia penal iniciada en 2004 planteó mayores exigencias probatorias para las instituciones encargadas de investigar, pocas entidades federativas desarrollaron capacidades de gestión sustentadas en la innovación tecnológica.
Este atraso limita el aprovechamiento de pruebas obtenidas mediante herramientas digitales y reduce las posibilidades de utilizarlas para fortalecer las investigaciones y sustentar acusaciones ante los tribunales.
El documento representa el primer acercamiento de México Evalúa a las capacidades tecnológicas de las fiscalías, después de que sus investigaciones sobre justicia digital se concentraran principalmente en los tribunales superiores de justicia.
Cuatro áreas clave para investigar delitos
El análisis considera las necesidades tecnológicas de los cuatro perfiles que participan en las investigaciones ministeriales:
- Ministerios Públicos: responsables de conducir las investigaciones y construir los casos.
- Policías de Investigación: encargadas de realizar diligencias y reunir información sobre los hechos.
- Servicios periciales: responsables de los análisis técnicos y científicos de los indicios.
- Equipos de análisis de datos: personal que procesa información para identificar patrones y aportar elementos a las investigaciones.
México Evalúa examina las herramientas mínimas que estas áreas requieren para procesar datos de prueba y contribuir al esclarecimiento de distintos tipos de delitos.
Entre las tecnologías consideradas se encuentran los sistemas de identificación de huellas digitales, reconocimiento facial, identificación de armas, análisis de ADN y desbloqueo y extracción de información de teléfonos celulares.
El uso coordinado de estas herramientas puede contribuir a identificar a personas responsables, reconstruir hechos delictivos y generar pruebas que puedan sostenerse ante los tribunales.
Digitalizar expedientes no significa modernizar la investigación
Uno de los principales señalamientos del informe es que la transformación tecnológica de las fiscalías no ha sido una prioridad y que tampoco existen políticas uniformes para impulsarla en las entidades federativas.
México Evalúa advierte que el problema no se resuelve únicamente al sustituir documentos físicos por archivos escaneados o digitalizados.
El organismo considera que muchas instituciones siguen trabajando bajo una lógica de expedientes que acumulan oficios y algunas pruebas, pero que no necesariamente están organizados para alcanzar objetivos concretos de investigación y resolución de casos.
Por ello, plantea que la inversión tecnológica debe acompañarse de cambios en la forma de investigar, procesar información y construir evidencia.
El desafío, de acuerdo con el análisis, consiste en superar el modelo de expediente de papel trasladado a una plataforma digital y avanzar hacia investigaciones capaces de aprovechar los datos y las herramientas científicas para reducir la impunidad.
El informe coloca así la modernización tecnológica de las fiscalías como una condición relevante para mejorar la investigación criminal y fortalecer la capacidad del sistema de justicia penal en México.
Imagen: México Evalúa
