La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar la información pública disponible, actualizar con mayor frecuencia los contratos gubernamentales y establecer reglas más estrictas para la reserva de información.
Durante su conferencia matutina, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la medida busca ir más allá de las obligaciones actuales y aplicar el principio de máxima publicidad, mientras el Ejecutivo prepara una reforma a la Ley General de Transparencia para incorporar estos cambios de forma permanente.
Entre las principales modificaciones destaca que los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de manera trimestral y ahora se actualizarán cada mes, lo que permitirá un seguimiento más oportuno a las adquisiciones y obras públicas.
El decreto también amplía la información que deberán transparentar las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo estados financieros, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación e informes presentados ante organismos nacionales e internacionales.
En materia de fiscalización, se publicarán datos adicionales sobre programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.
La presidenta señaló que estas acciones forman parte del nuevo modelo de transparencia implementado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), cuyas funciones fueron asumidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum afirmó que el decreto establece lineamientos más claros para definir cuándo puede reservarse información, limitando esta posibilidad a casos relacionados con la seguridad nacional o procedimientos administrativos y judiciales en curso.
Asimismo, anunció que en las próximas semanas se fortalecerá la Plataforma Nacional de Transparencia y adelantó que el Gobierno enviará al Congreso una iniciativa para incorporar estas disposiciones a la Ley General de Transparencia.
